La ministra Kimi Onoda anuncia una política migratoria más estricta en Japón, buscando eliminar la presencia de extranjeros que cometan delitos en el territorio japonés.
El gobierno de Japón está adoptando una postura cada vez más firme en materia de seguridad nacional. Kimi Onoda, ministra clave en la administración actual, ha generado un intenso debate público tras manifestar de manera categórica que las autoridades trabajan para establecer un marco donde “los extranjeros que incurran en actividades delictivas no puedan permanecer en territorio japonés”.
En intervenciones recientes ante medios como Nikkei y Nippon TV, Onoda explicitó que el objetivo central es intensificar las acciones frente a conductas ilegales. Según su perspectiva, resulta fundamental disminuir la percepción de vulnerabilidad entre la población local y enfrentar las impresiones de inseguridad relacionadas con residentes en situación irregular. La ministra subrayó que Japón no puede admitir permanencias sin visado ni ocupaciones al margen de la ley, enfatizando que quienes carezcan de autorización deben “retornar de manera formal a sus países de origen”.
Pese a la dureza de sus expresiones, Onoda sostiene que no existe contradicción entre excluir a infractores y acoger a quienes acatan la legislación. Asegura que la coexistencia es viable siempre que se respeten las tradiciones y regulaciones japonesas. No obstante, su afirmación acerca de lograr que los “extranjeros que cometan actos incorrectos” dejen de estar presentes ha suscitado controversia, siendo interpretada por algunos sectores como una respuesta necesaria ante la alarma social y por otros como una posición radical.
Bajo la dirección de la Primera Ministra Sanae Takaichi, el ejecutivo ya ha comunicado su intención de definir parámetros más precisos, solicitando iniciativas de política orientadas a extranjeros para enero de 2026.
¿Consideras que estas acciones son indispensables para la seguridad nacional o representan un enfoque excesivamente severo?
